Compliance para la operación de la empresa

Alcance

• Registración de la nómina propia.
• Recibos de haberes contra el contenido mínimo legal y su reglamentación.
• Jornada, horas extraordinarias y acuerdos de compensación.
• Contratistas de la actividad normal y específica, y la carpeta que el artículo 30 pide para el control del principal.
• Protocolo interno de acoso y violencia laboral.

Marco

Registración. El artículo 20 de la Ley 27.802 (Boletín Oficial del 6 de marzo de 2026) sustituyó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. El empleador registra a los trabajadores ante ARCA, según la normativa de ese organismo. Esa registración es suficiente a todos los efectos, sin requisitos adicionales de otra autoridad. Los libros preexistentes se conservan diez años y pueden digitalizarse, con la misma validez de las copias digitales. El Decreto 407/2026 (Anexo I, artículo 1) reglamenta el artículo 52: la registración se cumple con el alta y la baja en los sistemas de ARCA, y no es exigible llevar libros laborales en soporte físico ni digital.

Recibos. El artículo 39 de la Ley 27.802 sustituyó el artículo 140 de la LCT, que fija el contenido mínimo del recibo. El Decreto 407/2026 (Boletín Oficial del 1 de junio de 2026) reglamenta ese artículo y dispone que el recibo se estructure en cuatro secciones: datos del empleador y del trabajador, contribuciones y conceptos a cargo del empleador, remuneración bruta con sus deducciones, y remuneración neta. El detalle de formato del recibo vigente está en la guía de recibo de sueldo 2026.

Jornada. El artículo 42 de la Ley 27.802 sustituyó el artículo 197 bis de la LCT. El régimen de compensación de horas extraordinarias es voluntario y por escrito. Tiene que consignar esa naturaleza voluntaria, sus límites, el modo de funcionamiento y un método fehaciente de control de las horas trabajadas y de las horas disponibles para el trabajador. El artículo nombra, entre otros institutos, el banco de horas y los francos compensatorios, y exige respetar los descansos mínimos legales. Esta página no fija topes horarios de otra ley.

Contratistas. El artículo 18 de la Ley 27.802 sustituyó el artículo 30 de la LCT. Alcanza a quien cede total o parcialmente el establecimiento o la explotación, o contrata o subcontrata trabajos o servicios de la actividad normal y específica propia, dentro de su ámbito. Quedan afuera las actividades accesorias o coadyuvantes. En los casos alcanzados hay que exigir el CUIL de cada trabajador que presta servicios, la constancia de pago a los subsistemas de la seguridad social, la constancia de pago de las remuneraciones, la información de una cuenta a nombre del trabajador y una cobertura por riesgos del trabajo con cláusula de endoso a favor del principal. Cumplir ese control exime de responsabilidad al principal. La falsedad de la información del contratista no lo responsabiliza si el control se hizo. Omitir el pedido de esos datos deja la solidaridad. El desarrollo de esa carpeta está en la guía de responsabilidad solidaria del artículo 30. El artículo 29, sobre la empresa usuaria de trabajadores proporcionados, es otro régimen: no se exime con la carpeta del artículo 30.

Ley 27.742. El artículo 91 de la Ley 27.742 (Boletín Oficial del 8 de julio de 2024) sustituyó el artículo 92 bis de la LCT. El contrato por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante los primeros seis meses. Las convenciones colectivas pueden ampliar ese plazo hasta ocho meses en empresas de seis a cien trabajadores, y hasta un año en empresas de hasta cinco. El empleador debe registrar al trabajador desde la fecha de inicio. Si no lo hace, la norma considera que renunció al período de prueba. La auditoría cruza ese punto con el artículo 52. El resto de las reglas del artículo 92 bis no se reescribe en esta página.

Acoso y violencia laboral. El servicio incluye el diseño de un protocolo interno: conductas alcanzadas, vía de reporte, resguardo de quien denuncia, pasos de investigación y registro. En el texto de la Ley 27.802 y de la Ley 27.742 consultado para esta página no hay un artículo que se cite acá como fundamento de ese protocolo. Se trabaja como pieza de gobierno interno, al lado de la adecuación registral y de jornada.

Alcance

La capacitación del programa de integridad se arma por audiencia. El directorio ve gobierno del programa, reporte y decisiones que le tocan. Los mandos medios ven cómo aplicar las reglas en contrataciones, regalos, interacción con el sector público y gestión de equipos. Los equipos ven el canal, las conductas esperadas y a quién recurrir. Cuando el diagnóstico marca un riesgo concreto (licitaciones, terceros, nómina), la sesión se recorta a ese riesgo.

Marco

El artículo 23, inciso c, de la Ley 27.401 exige capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores y empleados. Ese inciso está en el contenido mínimo, junto con el código o las políticas y las reglas de interacción con el sector público. El registro de asistencia y el material usado son evidencia de que la sesión se hizo. Son un entregable del trabajo. No son una certificación de autoridad.

Alcance

En la auditoría interna acompañamos o ejecutamos revisiones periódicas del programa de integridad, del canal de denuncias, de la capacitación, de los terceros y del cumplimiento laboral. El trabajo incluye pruebas puntuales sobre los documentos y los registros vigentes, y el seguimiento de los hallazgos hasta el cierre que la empresa defina.

En la auditoría externa, Grupo CYT actúa como revisor legal externo e independiente del cumplimiento normativo y emite una opinión legal sobre la adecuación del programa, en una auditoría legal de cumplimiento y no contable.

Esa revisión externa se pide, entre otros supuestos, cuando lo requiere el directorio, cuando un cliente o un socio comercial exige evidencia del programa, en la debida diligencia de una operación, o para preparar la acreditación del programa que el artículo 24 de la Ley 27.401 exige en ciertos contratos con el Estado nacional. Ni la ley ni el Decreto 277/2018 exigen una revisión externa. El programa se acredita junto con la oferta, en la forma que disponga cada organismo contratante.

Marco

El artículo 22 de la Ley 27.401 (Boletín Oficial del 1 de diciembre de 2017) dispone que las personas jurídicas comprendidas podrán implementar un programa de integridad en relación con los riesgos de la actividad, su dimensión y su capacidad económica. El artículo 23, apartados I y VIII, incluye entre los elementos que el programa puede contener, fuera del mínimo de los incisos a, b y c, el análisis periódico de riesgos y el monitoreo y la evaluación continua de la efectividad del programa. La ley no menciona la auditoría ni fija una periodicidad. Los Lineamientos de Integridad de la Oficina Anticorrupción (Resolución 27/2018) mencionan las auditorías como una de las formas posibles de revisar el programa, con la forma y periodicidad que mejor encaje con cada organización.

El artículo 24 pone un programa adecuado como condición para contratar con el Estado nacional en los contratos que define ese artículo.